INFORMACIÓN
28-5-2002
Una
juez imputa a los tres últimos presidentes de la CHS por la contaminación del
río
El juzgado cita a Parrilla, Nieto y Cánovas y a tres comisarios de Aguas en la
investigación que sigue por un presunto delito ecológico
Imputan
a los seis altos cargos de la CHS por omitir la vigilancia de los vertidos al río
La magistrada les acusa de un presunto delito continuado contra el medio
ambiente. El auto reitera que peligra la salud de las personas por la
contaminación del Segura.
PABLO RIQUELME/REDACCIÓN
La juez titular del Juzgado número 6 de Orihuela, tribunal que mantiene
abiertas diligencias sobre las causas y responsabilidades de la contaminación
que sufre el río Segura, ha citado a declarar como imputados por un presunto
delito continuado contra el medio ambiente a título de comisión por omisión,
al actual presidente de Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Juan Cánovas,
y a sus dos predecesores en el cargo, Antonio Nieto y Juan José Parrilla, así
como al actual comisario de Aguas de CHS, José Alemán, y sus dos predecesores
en el cargo, Luis Pérez y Francisco Cabezas.
El portavoz de Pro Río, José Antonio Muñoz Grau, colectivo que dio a conocer
el auto, expresó su satisfacción por el nuevo paso para determinar las
responsabilidades en la degradación del Segura que este colectivo viene
denunciando. Según recogen las diligencias previas 1187/00 del Juzgado en las
que se enmarcan las imputaciones a los responsables de la CHS, en él se hace
constar que «se han practicado todas las diligencias necesarias para poder
atribuir responsabilidad penal a los agentes causantes, por acción u omisión,
de la contaminación del río Segura». En este marco señala más adelante la
resolución que «se infiere la responsabilidad de la CHS, bien a título de
comisión por omisión bien a título de autoría directa derivada de ciertas
resoluciones o decisiones por parte de cargos concretos de la misma».
En esta nueva diligencia la magistrada concluye que «la CHS ha omitido sus
deberes legales en orden a salvaguardar la calidad de las Aguas del río Segura,
aguas que riegan los cultivos, y que conforme a los muchos informes periciales
obrantes en la causa son perjudiciales para el medio ambiente, plantas y salud
de las personas, omitiendo todo control y vigilancia sobre los vertidos
incontrolados... y ese mismo control sobre los vertidos autorizados». La juez
también reseña las obligaciones legales del comisario de Aguas (propuesta de
otorgamiento de concesiones y autorizaciones y aplicación del reglamento de
policía de aguas, entre otras) y los imputa «por omisión de la conducta legal
en relación al control de vertidos y actuaciones subsiguientes para el control
de la calidad de las aguas, así como omisión del control de las autorizaciones
provisionales». La magistrada, en relación de los expedientes con
autorizaciones provisionales hace referencia a las ciudades o mancomunidades de
Almoradí, Benferri, Benijófar, Callosa, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja,
Dolores, Formentera, Granja, Guardamar, Jacarilla, Benejúzar, Mancomunidades
Margen derecha e izquierda, Orihuela, Orihuela Casco, Rafal, Rojales, San
Fulgencio, San Isidro y San Felipe Neri. Por último, desde Pro Rio se
hace hincapié en que la juez ha citado como imputadas a cinco empresas por sus
vertidos al río.
REACCIONES
Satisfacción
en la oposición municipal
Los grupos municipales de oposición del Ayuntamiento de Orihuela recibieron con
satisfacción las imputaciones judiciales a altos cargos de la CHS. Así, el
portavoz del PSOE, Isaías Marco, resaltó que esa determinación significa que
«todo el trabajo que está haciendo Pro-Río por fin está dando frutos, y que
evidentemente contaminación hay y se intenta determinar las responsabilidades
que haya, sean las que sean». En su opinión «está claro que el PP desde hace
mucho tiempo expande una cortina
de humo para intentar que las responsabilidades de los organismos públicos,
en este caso el organismo de cuenca, se diluyan, e incluso de las
responsabilidades de los propios ciudadanos que contaminan». El portavoz
municipal de Centro Liberal, Jesús Ferrández, expresó su «satisfacción de
que alguien se tome en serio las cuestiones del río por una vez y que se
aclaren y solucionen los grandes problemas que tiene el Segura, y si por
negligencia de los tres presidentes que llaman o de la CHS en general, los
ciudadanos estamos soportando algo que no debiéramos, pues el que la haya hecho
que la pague».
Crucemos los dedos
JESÚS ALONSO
La imputación judicial del actual presidente de la Confederación Hidrográfica
del Segura, de sus dos antecesores en el cargo y de sus respectivos comisarios
de Aguas en la causa abierta por la contaminación del río es, cuando menos, lógica.
Según la resolución en la que la titular del juzgado número 6 de Orihuela les
cita a declarar estamos ante un posible delito contra el medio ambiente por
omisión. Es decir, que el organismo encargado de velar por la calidad de los
caudales y de hacer cumplir la legislación en esta materia habría hecho dejación
las funciones que tiene encomendadas al tolerar los vertidos. Y no sólo en el
momento actual. La extensión en el tiempo de las imputaciones pone sobre la
mesa la responsabilidad de las administraciones públicas independientemente de
su color político. En este sentido, el papel de la CHS habría quedado reducido
a anunciar sanciones, a anunciar el endurecimiento de las sanciones y a hacer
balance de las sanciones impuestas a lo largo del año, siempre después de que
las denuncias de los afectados o los puntuales episodios que agravaban la
contaminación obligaban a la entidad a dar la cara.
Pero es que, además, la juez pone el dedo en la llaga de una de las
controversias más virulentas que la situación del Segura ha generado. En base
a informes periciales incorporados al sumario afirma que las aguas son «perjudiciales
para el medio ambiente, plantas y salud de las personas». Justo lo contrario de
lo que vienen defendiendo tanto la Conselleria de Sanidad a través de presuntos
estudios nunca dados a conocer en su integridad, como la Diputación de
Alicante, institución cuya gestión en torno al río ha estado siempre marcada
por un pintoresquismo en el que la peculiar personalidad de su presidente ha
elevado a categoría la anécdota -burbujas oxigenantes, baño a lo Fraga-. Nada
grave, no obstante, si al mismo tiempo no se hubiera escenificado una vergonzosa
caza de brujas que ha supuesto una importante pérdida de tiempo.
Lo que
procede ahora es cruzar los dedos para que la instructora pueda acabar su
trabajo antes de que a alguien se le ocurra trasladarla de juzgado. Cosa que no
hay que perder de vista.
Sin
depuradoras
El auto se apoya en las autorizaciones para verter otorgadas por la confederación
a veintitrés ayuntamientos y a tres empresas de la comarca. Los consistorios
permitieron el vertido de las aguas fecales de las viviendas a la red de
alcantarillado, que de ahí desembocaron en la red de acequias y en el cauce,
sin previo tratamiento por no tener depuradora. Los municipios implicados son
los de Almoradí, Benferri, Benijófar, Callosa, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya
Vieja, Dolores, Formentera, Granja de Rocamora, Guardamar, Jacarilla, Benejúzar,
Bigastro, Algorfa, Redován, Rafal, Albatera, Orihuela, Rojales, San Fulgencio y
San Isidro.
JUICIOS EN CURSO
Juzgado de lo Penal 1: Acusados de un delito medioambiental un ingeniero de la
confederación y la empresa que realizó los vertidos de lodos del río en tres
sotos en 1998 (vista pendiente, aplazada el 13 de marzo al ser recusada la
juez). Juzgado 6 de Orihuela: Imputación de delito medioambiental a doce
empresas de la Vega Baja por vertidos a acequias y al cauce del río. Juzgado 4
de Murcia: Contra altos cargos de la CHS, entre ellos el ex presidente Nieto y
el actual Cánovas, por no controlar los vertidos.
Obligaciones
presuntamente incumplidas
La magistrada señala que las obligaciones presuntamente incumplidas por los
altos cargos de la confederación, imputados por delito contra el medio ambiente
(según la Ley de Aguas) son: La administración y el control del dominio público
hidráulico, la inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de
las concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico,
conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas, impedir la
acumulación de compuestos tóxicos y peligrosos en el subsuelo capaces de
contaminar las aguas subterráneas, y evitar cualquier otra acumulación que
pueda ser causa de su degradación. Y del artículo 84 de la Ley 46/99: Prevenir
el deterioro del estado ecológico, establecer programas de control de calidad,
impedir la acumulación de compuestos tóxicos y peligrosos en el subsuelo,
evitar cualquier otra acumulación que pueda degradar el dominio público hidráulico.
Pro-Río
augura que «gracias a la Justicia cesará la contaminación»
Muñoz Grau entiende que ahora «los políticos, que se juegan el cargo,
eliminarán los vertidos»
«Ningún acto externo nos desmoralizará en la tarea de recuperar el Segura»,
afirma Cánovas
P. J. BERNABEU ORIHUELA
«Comienza la cuenta atrás», dijo ayer eufórico el portavoz de la Comisión
Pro-Río de Orihuela, José Antonio Muñoz Grau. Las plataformas que reivindican
el saneamiento integral del Segura, desde el año 1998, consideran que la
imputación a los tres últimos presidentes de la confederación y a sus
comisarios de Aguas «es un aviso a navegantes» que propiciará «una rápida
solución del cáncer de los vertidos». Según el oriolano, «los políticos,
que se juegan el cargo, eliminarán los vertidos para no tener problemas en los
juzgados». A pesar de las manifestaciones, de la insistencia de los ciudadanos
en la calle, el tiempo demuestra que Pro-Río «acertó al adentrarse en el
camino de la denuncia judicial. Gracias a la Justicia cesará la contaminación
en el Segura», auguró. Por su parte, el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Segura, Juan Cánovas, con el debido respeto a su señoría, sí
indicó: «Ningún acto externo nos desmoralizará en la tarea de recuperar el
Segura».
Los técnicos de la confederación «siguen luchando por recuperar nuestro río»
con más ahínco cada día, tal y como corroboró el ministro de Medio Ambiente
Jaume Matas, el pasado enero en su visita a la localidad de Catral. «Los
expedientes abiertos el año pasado demuestran que se está trabajando con interés»,
apuntó Cánovas. Los alcaldes de la Vega Baja se quejan desde hace años, a
través de La verdad, por las sanciones de la confederación por verter a
acequias las aguas residuales de las viviendas. La mayoría de ayuntamientos no
disponía de depuradoras hasta hace un par de años, cuando la competencia de
construir las instalaciones y mantenerlas es del Consell.
