INFORMACIÓN  29-5-2002

Preocupación del calzado ante las nuevas exigencias sobre vertidos industriales.

Las empresas deberán presentar antes del 1 de julio una declaración de producción de aguas residuales

DOMINGO LÓPEZ

La modificación del reglamento del canon de saneamiento referido a los usos industriales, aprobado por la Generalitat en diciembre del pasado año, obliga a las empresas del calzado a presentar una declaración de producción de aguas residuales, que deberá hacerse efectiva antes del próximo día 1 de julio. Esta nueva normativa está generando preocupación en el sector, ya que todavía no se tienen muy claras las obligaciones.

El secretario de la Asociación de Industriales del Calzado de Elche, Pedro Méndez, ha recordado que a partir de las siete de la tarde de mañana se celebra, precisamente, en la sede de la asociación una jornada informativa sobre este asunto. «Las empresas deben saber qué tipo de modificaciones o arreglos deberán hacer en sus instalaciones para adaptarse a la nueva normativa, ya que las inspecciones llegarán de un momento a otro. Sin embargo, muchos todavía no tienen claro si tienen o no que hacer análisis de sus aguas residuales para comprobar si están contaminando o no», comentó.
La normativa establece que, dependiendo del tipo de vertidos de la empresa, la declaración de producción de aguas residuales deberá ir acompañada con un informe de ensayo de todos los focos de vertidos existentes en la empresa y éste análisis debe ser realizado por un laboratorio homologado por la Generalitat. Por otro lado, las empresas con vertidos únicamente domésticos (procedentes de aparatos sanitarios), deben presentar una certificación sobre dicha circunstancia realizada por un técnico independiente.


Casos asimilables

Pedro Méndez indica que en el calzado habrá casos de empresas cuyos vertidos «pueden ser asimilables a los urbanos y podrán ir directamente a la red de alcantarillado. En otros casos, será necesario un tratamiento medioambiental», comentó.

Todos estos aspectos intentarán ser aclarados mañana, así como el plan de ayudas que se ha fijado (finaliza el 15 de junio) para que las empresas que estén obligadas a presentar la citada declaración puedan afrontar la toma de muestras y realización de analíticas. Estas ayudas sólo se conceden a empresas con menos de 30 trabajadores y con una cifra de negocios no superior a los 3 millones de euros (500 millones de pesetas) al año.